Pros y contras en la elección por voto popular en Ministros, Magistrados y Jueces

La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar el proceso de selección de magistrados del poder judicial ha generado intensos debates en la esfera política y social del país.

Esta iniciativa busca permitir que cualquier ciudadano graduado en derecho y con experiencia como abogado pueda ser elegido para estos cargos por medio de votación popular, en lugar de la evaluación de méritos acumulados a lo largo de años de servicio en el sistema judicial.

La reforma propuesta por el presidente para elegir a magistrados del poder judicial por voto popular presenta tanto oportunidades como desafíos importantes.

Si bien podría promover una mayor participación ciudadana y rendición de cuentas, también involucra riesgos significativos en términos de profesionalismo, legalidad y potencial politización del sistema judicial.

Es esencial que el debate público y político sobre esta reforma sea riguroso y que se consideren mecanismos que puedan mitigar los riesgos asociados, asegurando que el poder judicial mantenga su independencia y calidad en la impartición de justicia.

Por un lado, la reforma podría fomentar una mayor participación de los ciudadanos en los procesos democráticos del país, permitiendo que la ciudadanía elija directamente a sus representantes en el poder judicial. Esto podría ayudar a fortalecer la legitimidad de las decisiones judiciales y del propio poder judicial.

Un sistema de elección popular podría permitir la inclusión de profesionales con diferentes experiencias y trasfondos, lo que podría enriquecer la discusión y resolución de casos. La diversidad de pensamientos y enfoques podría contribuir a una justicia más integral y representativa de la población.

Al ser elegidos por voto popular, los magistrados serían directamente responsables ante los ciudadanos. Esto podría incentivar una mayor atención a las necesidades y preocupaciones de la población, así como una mayor transparencia en sus decisiones.

Un sistema basado en elecciones podría disminuir las posibilidades de prácticas corruptas que pueden surgir en los procesos de selección tradicionales, donde a menudo influyen las relaciones políticas y el favoritismo.

Por otra parte, la elección popular de magistrados podría caer bajo la influencia de campañas políticas y el populismo. Los candidatos podrían priorizar el atractivo mediático o las promesas no realistas para atraer votos, en lugar de enfocarse en su capacidad y compromiso con el sistema legal.

La experiencia y formación técnica en derecho son fundamentales para el ejercicio efectivo de la magistratura. La selección por voto popular podría llevar a la elección de candidatos que, aunque bien intencionados, no tengan las habilidades o conocimientos necesarios para manejar casos complejos.
Un poder judicial elegido democráticamente podría resultar más susceptible a la presión de los intereses políticos, con el riesgo de que las decisiones se tomen en función de base popular en lugar de criterios jurídicos y de justicia. Sin duda este tema tiene muchas aristas, que deben ser profundamente analizadas.